Urrutia denuncia que las reformas del Gobierno de España amenazan la independencia judicial y suponen la «involución» del estado de derecho
La consejera de Justicia interviene en las Jornadas de Derecho Procesal Civil, donde expresa el rechazo de Cantabria a los proyectos de ley que modifica el acceso a las carreras fiscal y judicial y el anteproyecto que reforma la Fiscalía
Santander- 12.06.2025
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha denunciado hoy que las reformas impulsadas por el Gobierno de España relacionadas con el acceso a las carreras fiscal y judicial y el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal amenazan la independencia judicial, la separación de poderes y suponen una «involución» del estado de derecho en el país.
Estas iniciativas legislativas del Gobierno de España «están generando una involución de derechos, son una imposición, ponen en jaque el sistema y ponen en riesgo la independencia y la imparcialidad de la justicia y del Ministerio Fiscal», ha señalado la consejera Urrutia, tras lo que ha advertido que las instituciones, los ciudadanos y el país se encuentran ante un «grave problema» por ambas reformas.
Urrutia ha hecho estas declaraciones en la apertura de las XVI Jornadas de Derecho Procesal Civil, que se organizan en el CASYC por el Consejo General del Poder Judicial con la colaboración de la Dirección General de Justicia y Víctimas el Terrorismo del Gobierno regional, y que ha reunido a un buen número de miembros y representantes de diferentes colectivos judiciales de Cantabria.
Ante este foro, la consejera de Justicia ha señalado que Cantabria se ha posicionado en contra del proyecto de ley que pretende modificar el acceso a ambas carreras y del anteproyecto que reforma la Fiscalía, sumándose así a la protesta de jueces y fiscales y otros agentes al servicio de la justicia.
«Es un proyecto de ley orgánica que viene a cambiar todo el sistema de acceso y que nos preocupa realmente como responsables de justicia», ha señalado, dado que supone, según ha afirmado, «una involución de la independencia judicial y abre la puerta a la arbitrariedad».
Respecto al anteproyecto de ley de modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, ha informado que el Gobierno regional también ha presentado alegaciones y se ha posicionado en contra del cambio de modelo en el proceso de investigación penal, que otorga al fiscal general del Estado la facultad discrecional de nombrar al fiscal instructor para cada caso.
«Nos preocupa muchísimo que esto se convierta en una forma de direccionar» -la investigación penal- ha dicho la consejera, que se ha sumado a que sea un proceso establecido por una ley anterior al hecho que se juzga y no sea designado, tal y como defendieron ayer jueces y fiscales en las movilizaciones convocadas en toda España.
La consejera ha reafirmado en su discurso el compromiso «inquebrantable» del Gobierno cántabro con el Poder Judicial y la independencia judicial. Es un «apoyo sin fisuras», frente «a los ataques y agravios» contra jueces y fiscales de representantes públicos del Gobierno de España, ha señalado.
«Imposición» de la Ley de Eficiencia Judicial
Por otro lado, la consejera de Justicia ha criticado en su discurso la «imposición» y la falta de acuerdo con el Gobierno de España respecto a la implantación de la ley de eficiencia judicial en la Administración de Justicia, que ha introducido, según ha señalado, unos plazos «perentorios» en el que las comunidades «han echado a correr para poder llegar y cumplir» con los compromisos. Igualmente, ha criticado el aumento de costes de inversión que supone el nuevo modelo judicial, los gastos de personal y las nuevas obligaciones en justicia gratuita, aspectos que asumen «en solitario» las comunidades autónomas con competencias, como es el caso de Cantabria.
En esta materia, Urrutia ha destacado los esfuerzos de Cantabria y otras comunidades por alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España en la implantación de esta reforma legislativa, un acuerdo que ha sido rechazado por el Gobierno de España. «Hemos pedido ayuda técnica y financiación, y la respuesta ha sido un portazo y arréglese usted como pueda», ha lamentado.
Frente a ello, ha agradecido el trabajo conjunto de todos los miembros del Pacto para la Justicia de Cantabria, que están ayudando para poner en marcha esta reforma y que la nueva estructura judicial sea implantada «con éxito» a partir del 1 de julio en siete de los ocho partidos judiciales de la comunidad. «Ese trabajo y esa colaboración va a hacer que Cantabria cumpla», ha valorado Urrutia.
Las Jornadas de Derecho Procesal Civil, que cumplen su decimosexta edición, abordan este año las reformas en la materia introducidas por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Pública de Justicia, así como por el Real Decreto-ley 6/2023 de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación en el ámbito de la justicia.
A este acto de inauguración también han asistido, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; el teniente fiscal, Ángel González; el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno cántabro, Juan Sáez Bereciartu, junto a los directores del curso, la abogada y expresidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y el presidente de la Audiencia Provincial, José Arsuaga.
